El reciente anuncio o amenaza por parte del presidente Rodrigo Chaves en relación al posible veto fue un evento significativo, que quedó reflejado en las decisiones tomadas por la Asamblea Legislativa el pasado martes. La mayoría de los sustitutos que formaban parte de este proceso se aprobaron satisfactoriamente, registrando un total de 22.817, lo cual demuestra un avance importante en el debate legislativo.
Específicamente, este proyecto de ley tiene como objetivo fortalecer la jubilación para el Defensor del Pueblo del Instituto de Investigación Judicial (OIJ), una acción que se relaciona directamente con su marco de 55 años de servicio. La importancia de esta legislación radica en que busca establecer un mecanismo que permita una salida anticipada para los funcionarios que han dedicado una parte considerable de sus vidas al servicio público.
Aproximadamente 40 suplentes emitieron su voto a favor de esta propuesta, mientras que solo el partido gobernante se opuso a la iniciativa, lo que resalta la polarización política en torno a este tema. Esta propuesta fue presentada originalmente en 2021 por Alejandra Larios, quien ocupaba en ese momento el cargo de CEO adjunto de Dragos Donolescu, un aspecto que marca la continuidad de un interés constructivo por mejorar las condiciones de quienes trabajan en la aplicación de la ley.
“Me siento muy satisfecha con la segunda aprobación de la discusión de este proyecto de ley y los votos que logró reunir», señaló Larios, quien no dudó en reconocer la labor de todas las autoridades policiales en el país. Asimismo, enfatizó el arduo trabajo y dedicación de los funcionarios del OIJ, resaltando que estos profesionales laboran en promedio 3.000 horas al año, considerando que su jornada laboral regular es de 12 horas diarias. Este acuerdo no solo busca reconocer su trabajo, sino también brindarles estabilidad a través de pensiones adecuadas.
De acuerdo con los requisitos, para que los funcionarios del OIJ puedan beneficiarse de una pensión anticipada, deben cumplir ciertos criterios. Uno de los más importantes es haber trabajado al menos 30 años en la organización. Esto les permite acceder a pensiones que equivalen al 82% del promedio de sus últimos 240 salarios mensuales, algo que se ajusta conforme al índice de precios al consumidor (IPC) y se recauda a partir de tarifas bajo los servicios gubernamentales.
Comentario adicional: en la primera discusión, los agentes abordaron el proyecto que facilitaría a los funcionarios del OIJ obtener su pensión a los 55 años
Chaves amenazó con ejercer veto contra el proyecto. (Cortesía/Oficina Presidencial).
Sin años de servicio
Además, el proyecto incluye el artículo 226, que establece los lineamientos para llevar a cabo la jubilación anticipada en situaciones donde no se cumpla con el número de años de servicio establecidos. Este artículo explica de manera clara que si un servidor cumple con los requisitos de edad antes de haber alcanzado los treinta años de servicio, su jubilación se gestionaría de manera proporcional a los años que realmente ha trabajado.
El texto señala: “Si el retiro ocurre cuando el servidor cumple con el requisito de edad o más, pero antes de completar los treinta años en el cargo, la jubilación no se negociará en proporción a los años, siempre que se haya servido una cantidad substancial de años”. Para determinar el monto de la pensión, se ajustará el promedio especificado en el artículo anterior, multiplicando por el número de años trabajados y dividiendo el resultado entre treinta.
“Estamos cometiendo un grave error y es una falta muy seria”, comentó Pilar Cisneros, quien recordó que este proyecto también fue presentado en el marco de discusiones sobre jubilaciones más amplias que involucran a otros servidores públicos, como la policía y los bomberos, quienes también exponen su vida en el ejercicio de sus funciones.
Con la recepción de votos a favor durante la aprobación en el segundo debate, si el presidente Rodrigo Chaves decide vetar el proyecto en los próximos 10 días, la Asamblea tendría la oportunidad de restaurar esta importante iniciativa legislativa, lo que impactará de manera positiva a todos los trabajadores del OIJ.