El empresario Leonel Baruch ha tomado acción legal al presentar un caso penal en la jurisdicción del crimen organizado, dirigiéndose en contra del presidente de la República, Rodrigo Chaves. Baruch ha indicado que esta decisión no solo responde a su interés personal, sino también a la defensa de la integridad de su negocio y su reputación profesional, que según él, han sido amenazadas por acusaciones y rumores infundados.
En el caso, también están implicados otros nombres relevantes; la diputada Pila Cisneros, el abogado José Miguel Villabos, el ex legislador Otto Guevara, y diversos propietarios de medios de comunicación como Carlos Valenciano, David Patey y Richard Molina, quienes están asociados con Opa Channel, TrVeision y The Guardian. La participación de estas figuras genera un alto interés mediático y politico, ya que el choque entre el capital y la política no es un tema nuevo en la actualidad costarricense.
Baruch ha afirmado que la información que ha circulado, sustentada en datos falsos relacionados con malas prácticas en su empresa, así como el supuesto abuso de energía y el uso de influencias indebidas, es completamente errónea. “La publicación realizada por un medio panameño, la cual fue reproducida indistintamente por AMROI y otros actores involucrados en lo que él califica como organizaciones criminales manejadas por el presidente Chaves, no tiene fundamento alguno. En Panamá, no existe ningún registro que avale una investigación en mi contra o de BCT por ningún tipo de delito”, aseveró Baruch.
El empresario también manifestó a través de su intervención en CRHOY.com que su negocio no está involucrado, ni directa ni indirectamente, en actividades ilícitas como el lavado de dinero o la evasión fiscal. Además, refutó categóricamente que una publicación proveniente del periódico La Estrella de Panamá hiciera alguna referencia a BCT Bank o su persona en contexto de alguna irregularidad.
El 15 de abril, el medio PanameNian Digital Media lanzó un reportaje titulado “Banco, bajo la copa de lupa de Panamá y Costa Rica”, elaborado por José Arcia. Este artículo contenía ocho párrafos que se basaban esencialmente en información anónima, supuestamente acerca de una investigación que las autoridades estarían llevando a cabo contra el Banco Rika, en el marco de un supuesto esquema de lavado de dinero y evasión de impuestos.
«Las autoridades de Costa Rica y Panamá han estado investigando presuntos actos de lavado de dinero y evasión fiscal en relación con la infraestructura financiera del banco TICO, que tiene impactos significativos en el Centro de Banca Panameña, incluyendo la transferencia ilícita de más de $100 millones», se detalla en el informe. Baruch argumenta que este estudio se inició en Costa Rica, y fue originado como una discusión sobre la evasión de impuestos que involucraba redes internacionales.
«La investigación comenzó en el Ministerio de Finanzas de Costa Rica, cuando se detectaron más de $10 millones en redes irregulares que operan entre el país y Panamá», continuó el informe publicado por La Estrella de Panamá.
Frente a tales alegaciones, Baruch insistió en que no existe una investigación formal sobre lavado de dinero que involucre a BCT en ninguna de las naciones mencionadas. En su opinión, el medio panameño tendría la obligación de ofrecer explicaciones frente a su papel en este contexto penal, que él vincula directamente con la administración de Rodrigo Chaves, y también exige que la diputada Pila Cisneros aclare su posible conexión con esta narrativa periodística.
Baruch ha comparado la situación actual con incidentes previos, aludiendo a los escándalos que surgieron en enero de 2023, donde el Ministerio de Hacienda condenó un caso en el que se estimó que se había causado un perjuicio al Tesoro Público significativo.
Sobre Pascua
En este sentido, Baruch argumentó que la coincidencia de la publicación con el fin de semana de Pascua limitó la capacidad de reacción inmediata a las falsas declaraciones, ya que muchos estaban de vacaciones. «Casi una semana fue necesaria para desmentir las falacias contenidas en esas afirmaciones», subrayó.
También señaló que estas acciones podrían estar relacionadas con un intento deliberado de silenciar a medios como CRHOY, que él considera críticos de la administración actual. «El modus operandi es familiar: atacar a quienes critican, y en este caso, desviar la atención de las acusaciones que el fiscal ha hecho por corrupción», concluyó Baruch, mientras espera la respuesta de los implicados en esta controversia.