Es un hecho poco conocido por muchas personas, pero la cartografía completa de Costa Rica debe abarcar un aspecto adicional en su diseño. Es esencial trazar la línea divisoria que determina los límites entre Costa Rica y el país vecino, Panamá, específicamente en la región del Caribe. Este desafío cartográfico no solo es un asunto administrativo, sino también un tema de relevancia geopolítica y estratégica para ambas naciones.
En el año 1980, se llevó a cabo la firma del Tratado de Calderón-Ozores, un acuerdo diseñado para establecer las áreas marinas y fomentar la colaboración entre Costa Rica y Panamá. Desde entonces, ha sido un documento fundamental en las relaciones bilaterales, pero ahora es el momento de abordarlo nuevamente con una enmienda que complete las líneas divisorias en el mar, asegurando claridad y legitimidad en las fronteras marítimas.
Meses atrás, se creó la Comisión de Límites Marítimos con el fin de gestionar y supervisar las diversas negociaciones que se desarrollan entre estos dos países. Esta iniciativa fue formalmente ratificada por los respectivos ministros de Relaciones Exteriores, Arnoldo André en nombre de Costa Rica, y su colega panameño, Javier Martínez-Facha. Es un paso importante hacia el establecimiento de un marco claro para la solución de los temas de límite que han persistido.
El bloque de negociación se reunió por primera vez este mes con el objetivo de avanzar en el establecimiento de una fórmula que permita finalizar el proceso de definición de los límites marítimos que aún permanecen sin resolver en el área del Caribe. Esto es crucial, ya que la claridad en estos límites puede impactar no solo en cuestiones de soberanía, sino también en derechos de explotación de recursos marinos, que son vitales para ambas economías.
“Las negociaciones sobre la demarcación se fundamentan en el tratado Sobre la demarcación de las áreas marinas y la colaboración marítima entre Costa Rica y Panamá, del año 1980, así como en otros instrumentos legales internacionales, tomando en cuenta las decisiones más recientes de la Corte Internacional de Justicia,” declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica.
Durante la primera reunión, las delegaciones de ambos países intercambiaron sus observaciones y análisis históricos y legales en relación con el proceso de demarcación de los límites. La representación de Costa Rica fue liderada por la Embajadora Eugenia Gutiérrez, quien ocupa el cargo de Directora Alternativa de Política Exterior. Por parte de Panamá, la delegación fue encabezada por Deborah Esther Siraze, la Directora General de Política Exterior. El intercambio de información y perspectivas sobre la historia de los límites fue un paso fundamental para avanzar en la conversación.
Además, en estas discusiones participaron los jefes y asesores de las áreas fronterizas de ambos países, así como representantes de las entidades encargadas de la vigilancia marítima y de los institutos geográficos nacionales, lo que subraya la importancia técnica y logísticamente de estas negociaciones.
¿Y los otros límites?
El tema de los límites no es nuevo para Costa Rica, cuya historia de demarcación de fronteras se remonta incluso a la época colonial. En las últimas décadas, este proceso ha tenido varias modificaciones y ajustes. Por ejemplo, el Tratado de Cañas-Jerez de 1858 marcó la línea límite con Nicaragua, mientras que en 1941 se realizó un acuerdo similar con Panamá a través del acuerdo Echandi Montero-Fernández Jaén.
Es importante también abordar el tema de los límites marítimos, ya que no solo se han negociado las fronteras terrestres, sino también con otros países como Ecuador y Colombia, con quienes Costa Rica comparte linderos en el alto mar. Este escenario complejo requiere atención particular, ya que se trata de recursos marítimos que tienen implicaciones económicas significativas.
Notas adicionales destacan que la Isla del Coco, que es parte del territorio costarricense, se incorporará a una Reserva Marina creada en colaboración con Panamá, Colombia y Ecuador. Este esfuerzo es notable, ya que refleja un compromiso conjunto hacia la conservación y protección del medio ambiente marino.
Con Colombia, se firmaron acuerdos importantes como el facio-Fernández (1977) y el Gutiérrez-Llorada (1984), que establecieron los límites tanto en el Caribe como en el Océano Pacífico. Por otro lado, con Ecuador se abordó la protección de áreas entre la Isla del Coco y las Galápagos, lo que surge del Tratado de límites de Gutiérrez-Terán de 1985, destinado a asegurar la preservación de estos ecosistemas únicos.