El pasado 18 de febrero, el presidente Rodrigo tomó la decisión de vetar un proyecto significantemente discutido, conocido como «bajos costos para América Central». Este es un esfuerzo presentado por el subdirector general Eli Feinzaig del Progressive Liberal (PLP), que ha generado tanto interés como debate entre los miembros del Parlamento y la ciudadanía en general.
Desde el momento de su veto, dos meses han transcurrido sin que el asunto haya sido discutido nuevamente en el Parlamento. Este retraso en la revisión ha suscitado preocupaciones entre los diputados, quienes ahora se encuentran en una situación en la que deben decidir si el veto se mantiene o si se restablece la ley vigente en la República. Esta falta de acción ha comenzado a causar frustración no solo entre los legisladores sino también entre los ciudadanos que están al tanto de este asunto.
Los representantes legislativos tendrán una nueva oportunidad para retomar su papel en la discusión del veto el lunes, después de un plazo de discusión que se ha establecido. Este tiempo es crucial, ya que este período se encuentra en marcha y debe ser resuelto antes del final de las reuniones ordinarias. Esto significa que existe una fecha límite crítica el 30 de abril, justo antes de que inicie un período inusual que comienza el 1 de mayo, un momento que también limita el control ejecutivo de los mandatos y las compañías parlamentarias por un tiempo de tres meses, hasta finales de julio.
De hecho, ya ha habido múltiples intentos para abordar el veto: el primero de estos ocurrió a finales de febrero, cuando los diputados decidieron no eliminar el documento durante el período regulatorio, a pesar de la presión ejercida por el partido gobernante. Posteriormente, hubo otra reunión para discutir el veto antes del 11 de marzo, y aunque el tema fue aprobado para una futura discusión el 18 de marzo, la realidad es que no se abordó en la sesión legislativa. Desde entonces, no se ha fijado una nueva fecha, a pesar de la insistencia de Pilar Cisneros en las últimas reuniones del jefe de la clase.
Con evidente frustración, Cisneros comentó: «No se establece una cita; pregunto si podrían tener la intención de dejarlo indefinidamente», refiriéndose a la falta de acciones concretas por parte de los legisladores respecto a este importante veto. «El reglamento estipula que el Parlamento tiene un mes para decidir, y no solo no lo ha revisado, sino que la discusión parece haberse estancado», añadió.
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Los suplentes están esperando que se define la fecha. (Archivo/la foto del observador)
Ellos tienen un voto
Desde el momento en que se impuso el veto, los miembros del partido de clases liberales progresivas han afirmado tener los votos necesarios para revivir la propuesta. Para que el proyecto se convierta en ley de la República, se requiere un mínimo de 38 votos, lo que implica una movilización efectiva por parte de ellos.
La iniciativa, que busca ofrecer vuelos con precios accesibles para América Central, establece que el costo para un viaje de ida y vuelta no supere los $100 sin equipaje documentado; este viaje está diseñado para incluir solamente un artículo personal. También se prevé la reducción de precios de hasta $120 para boletos hacia la República Dominicana, aplicando las mismas normas. El propósito principal de esta iniciativa, según los portavoces, es que los viajeros de negocios no enfrenten tarifas exorbitantes para viajar a lo largo del istmo de América Central, y que las vacaciones sean más asequibles y accesibles para quienes desean disfrutar de un descanso.
Los representantes de los liberales progresivos han reiterado que cuentan con un respaldo de entre 39 y 40 votos a favor del proyecto, lo que les otorgaría una buena posibilidad de éxito en el parlamento. Según Luis Diego Vargas, uno de los miembros del partido, la clave radica en lograr el momento adecuado en el que un número suficiente de diputados esté presente para aceptar el proyecto. «Si hubiera 100% de asistencia, o al menos buena asistencia, podríamos alcanzar los 39 o 40 votos necesarios para su aprobación», aseguró Vargas en días recientes.
Sin embargo, enfrentan una oposición conformada por un bloque de 17 votos confirmados de diversas facciones legislativas. Esto representa un desafío significativo, ya que la discusión sobre la propuesta se ha complicado hasta el punto de que se consideró la posibilidad de enviar el documento a consultar a la Agencia Constitucional, pero esta opción no prosperó. De este grupo de 17 votos, 8 provienen de un nuevo bloque republicano, mientras que otros incluyen a los cristianos, quienes han cambiado su postura en debate. Además, se espera que Joaquín Hernández de la libertaria y Carlos Andrés Robles y Melina Ajoy de los cristianos sociales se sumen en contra del proyecto.
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