La Oficina del Defensor del Pueblo ha dado inicio a una importante investigación que se centra en el papel que desempeñan los bancos públicos en la financiación del sector agrícola no exportador en Costa Rica. Esta investigación busca determinar si el apoyo financiero proporcionado por estas entidades bancarias está alineado con un enfoque que respete los derechos humanos y promueva el desarrollo sostenible, según indicaron representantes de la entidad involucrada.
Con el fin de obtener una visión comprensiva, el estudio examinará varios aspectos, como la productividad del sector agrícola, el acceso al crédito por parte de los agricultores, y la disminución de las brechas sociales y económicas que afectan a este segmento. Se llevará a cabo una comparación exhaustiva entre los diferentes bancos y se revisarán las leyes que regulan la actividad bancaria y su relación con el sector agrícola.
El foco principal de este análisis recae en los bancos estatales que operan bajo la ley orgánica del sistema bancario nacional, específicamente bajo el marco establecido en la norma no. 1644. De acuerdo con el defensor del pueblo, esta legislación establece procedimientos y criterios específicos para la adjudicación de créditos al sector agrícola, y el objetivo del estudio es verificar el cumplimiento de estas disposiciones en la práctica.
Ya se han solicitado información y la información de BCR
En el transcurso de esta investigación, el Defensor del Pueblo ha tomado la iniciativa de solicitar información a dos instituciones financieras clave: el National Bank (BN) y el Banco de Costa Rica (BCR). La entidad se ha interesado por conocer las políticas, normas y criterios internos que estos bancos emplean para establecer las condiciones de los créditos destinados a este sector vital.
Entre las preguntas formuladas a los bancos, destaca si cuentan con programas diseñados específicamente para apoyar a grupos vulnerables como pequeños productores, mujeres de áreas rurales, jóvenes, así como adultos mayores. La entidad también ha indagado sobre la disponibilidad de líneas de crédito dirigidas a prácticas agrícolas sostenibles, tecnologías verdes, así como iniciativas de adaptación al cambio climático.
Adicionalmente, el defensor del pueblo ha solicitado un conjunto de datos que abarquen los últimos diez años. Esta información incluye el monto total del crédito agrícola otorgado anualmente, el número de beneficiarios, las tasas de interés promedio aplicadas, y el porcentaje que representa el sector agrícola en la cartera de créditos del banco.
Asimismo, se busca esclarecer si hubo solicitudes de crédito que fueron rechazadas y las razones detrás de tales negativas. Otros aspectos que se consideran esenciales para esta investigación incluyen la posibilidad de que los bancos ofrezcan asistencia técnica u orientación a los productores, tanto antes como después de la concesión de créditos. También se investigará la identificación de barreras que dificulten el acceso al crédito, especialmente para segmentos como mujeres, jóvenes y adultos mayores.
Por último, se ha preguntado a los bancos si colaboran con instituciones como el Instituto de Desarrollo Rural (Interder), el Ministerio de Agricultura y Vida (POW) o el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) con el fin de ampliar aún más la red de apoyo y recursos disponibles para el sector agrícola. La Oficina del Defensor del Pueblo ha expresado que el objetivo final de esta investigación es fomentar un financiamiento que sea más justo, inclusivo y sostenible para el sector agrícola del país, garantizando así el bienestar de sus habitantes y promoviendo un desarrollo agrícola integral y responsable.