La dictadura de Ortega-Murillo ha decidido, una vez más, prohibir las marchas de la Semana Santa en Nicaragua, creando un ambiente tenso y restrictivo con respecto a las actividades religiosas en el país. Se ha reportado que, aunque no existe una prohibición oficial por escrito, la policía ha hecho advertencias claras a los sacerdotes, indicando que serán arrestados si se atreven a participar en dichas marchas. Este enfoque es parte de una estrategia más amplia del régimen, que ha anunciado la movilización de 14 mil agentes policiales y más de dos mil patrullas para supervisar las festividades, sin mencionar en ningún momento las tradicionales manifestaciones religiosas que caracterizan esta época del año.
Según fuentes consultadas por Infobas, los sacerdotes han tenido que realizar visitas a las autoridades, especialmente al jefe de la estación policial en sus respectivas áreas. Durante estas reuniones, se les advirtió de manera directa que cualquier intento de llevar a cabo una marcha sería respondido con la detención y encarcelamiento de los involucrados. Esto ha llevado a un clima de miedo y represión, donde las iglesias, que deberían ser un refugio de fe y comunidad, se han convertido en lugares donde los oficiales policiales monitorean las actividades y documentan lo que acontece, incluso tomando fotos en el interior de los templos.
No es la primera vez que el régimen de Ortega limita las actividades religiosas durante la Semana Santa. En el año 2022, se evitó la realización de más de 3,000 marchas, y al menos 20 personas fueron arrestadas durante esa temporada. A pesar de esta represión, un sacerdote que habló bajo anonimato indicó que, al igual que en años anteriores, la Semana Santa se celebrará “como se ha hecho durante el año pasado”, aunque los temores y las indicaciones de la policía estén presentes en todo momento, lo que limita la espiritualidad y la libertad de culto.
Por su parte, la abogada de derechos humanos, Martha Patricia Molina, ha documentado un alarmante total de 971 ataques dirigidos contra católicos en Nicaragua desde abril de 2018. Estos incidentes abarcan una gama preocupante de abusos, que incluyen agresiones físicas, desalojos, arrestos y episodios de violencia. Su informe titulado ‘una iglesia perseguida’ destaca un aumento notable en la represión desde 2022, lo que pone de relieve la situación crítica que enfrenta la comunidad católica en el país.
El grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua de la ONU, conocido como Ghren, también ha emitido un informe en julio de 2024 en el que se expone que la dictadura ha mantenido ataques “sistemáticos” contra la Iglesia Católica, clasificando estas acciones como crímenes de lesa humanidad. El monseñor José Antonio Canales Motiño, obispo de Danlí en Honduras, ha expresado su preocupación al afirmar que el régimen teme una posible insurrección popular y considera que la Iglesia Católica representa su mayor adversario en este sentido.
Edmundo
El mundo CR