WASHINGTON, 11 de abril (Elmundo.CR) – El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tomó una decisión significativa el viernes por la noche al enviar un memorando a cuatro jefes de agencias federales, donde se informa sobre la autorización para que las fuerzas armadas utilicen la jurisdicción de ciertos terrenos federales y públicos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Esta medida se enmarca dentro de un contexto más amplio de seguridad fronteriza y control migratorio en el país.
El memorando está dirigido a varias figuras clave en la administración, incluyendo al Secretario de Asuntos Interiores, Doug Burgum; la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Callahan; el Secretario de Defensa, Pete Hegesh; y la Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins. Este documento otorga a estos funcionarios el poder de transferir el control de áreas específicas al Departamento de Defensa, lo que podría implicar un cambio considerable en el enfoque de las operaciones en la frontera. Además, se sugiere que las fuerzas armadas asuman un papel más activo en la gestión y vigilancia de la frontera sur, utilizando estos terrenos como si fueran instalaciones militares.
Una de las áreas mencionadas en el memorando es la Reserva Roosevelt, un corredor estrecho de 18 metros de ancho que abarca una parte considerable de la frontera sur de Estados Unidos. Esta restricción permitirá la construcción de la tan debatida pared en la frontera, además de la instalación de equipos de vigilancia y monitoreo, que facilitarán el seguimiento de actividades en esta zona crítica. Es importante señalar que las reservas indígenas federales están expresamente excluidas de este plan, una consideración que refleja un enfoque delicado respecto a las comunidades nativas americanas que habitan en esas tierras.
De acuerdo con el memorándum, habrá un procedimiento en el que los migrantes que crucen estas áreas serán detenidos y mantenidos en ‘retención’ dentro de la propiedad militar hasta que el Departamento de Seguridad Nacional pueda llegar para realizar las detenciones necesarias y llevar a cabo la deportación de estas personas. Este protocoló marca un cambio importante en cómo se gestionan las situaciones de inmigración en dichos territorios.
Con estas acciones, las fuerzas armadas asumen un rol que ha sido históricamente ejercido por las fuerzas federales. Es relevante mencionar que la Ley Postal Comitatus de 1878 prohíbe el uso de las fuerzas armadas para la aplicación de la ley dentro de los Estados Unidos, sin embargo, la declaración de una zona como área de «retención» permite que el Departamento de Defensa actúe eludiendo esta normativa. Esta maniobra podría tener implicaciones significativas sobre la relación entre el gobierno y las comunidades en la frontera, así como respecto al manejo de la crisis migratoria.
La decisión de Trump ha generado un debate intenso sobre la militarización de la frontera y las implicaciones que esto podría tener en los derechos humanos de los migrantes, así como en la dinámica entre los organismos de seguridad y las comunidades locales.