En una sesión legislativa marcada por intensas disputas, se abordó el tema de los asuntos económicos y se lanzó un ataque a un documento relevante, conocido como el «Fortalecimiento de la salud pública», que lleva el número 24,015. Este proyecto de ley fue promovido por Maria Marta Carballo y otros miembros del partido Pusc.
El objetivo de esta iniciativa es la contratación de expertos extranjeros, un proceso que se justificaría mediante una declaración de inopia (falta) presentada por el Ministerio de Salud. Este aspecto generó diferentes reacciones durante la discusión, apuntando a las implicaciones que podría traer.
Los alternos Pusc, que incluyen a Carballo, Daniela Rojas y Horacio Alvarado, se alinearon junto a Olga Morera de Nueva República, Gilberto Campos del PLP y el oficial Manuel Morales en apoyo al proyecto. En contraposición, hubo oposición firme de Sofía Guillén, representante del Frente Amplio, así como de los libertaristas Kattia Rivera y Monserrat Ruiz.
El tono del debate aumentó significativamente, especialmente tras el cierre del diálogo institucional, generando un cruce de palabras entre Carballo, Rojas y Guillén. Este intercambio se transmitió en un video durante la cobertura pública de la sesión. El clima se volvió tenso cuando, en medio de un intercambio de gestos y palabras, la legislatura decidió abandonar la sala tras la intervención de Monserrat Ruiz.
Durante la conversación sobre los fundamentos del proyecto, se cuestionó repetidamente la calidad y relevancia de la propuesta, especialmente en comparación con iniciativas anteriores presentadas en años pasados. Un miembro vocal del debate llegó a afirmar: “Esta tarea debe ser presentada y rechazada. Esta es una propuesta miserable que creará la pérdida de vida humana y atención médica”, lo que intensificó aún más la polarización entre las diferentes corrientes políticas.
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Al final de la comisión, los alternativos tomaron una discusión como se muestra en el video legislativo (foto de tiro)
¿Infancia?
Los alternos del PLN, Rivera y Ruiz, también expresaron su oposición a esta propuesta, señalando que como primer punto, no debería haberse discutido en el comité económico. Rivera advirtió: «Es otro paso debilitar la caja; todos somos conscientes de que la partida de los expertos médicos nos pone en riesgo».
Agregó que “con esto, vamos a tener médicos que no querrán conocer cuáles son sus capacidades profesionales, porque no sabrán si pasan el examen”. Por su parte, Monserrat Ruiz insistió en que «este proyecto nunca debería haber alcanzado esta tarifa».
La situación se volvió aún más tensa cuando Guillén declaró que esta propuesta lo que haría sería traer «carniceros» para atender a los pacientes en el país. Dicha afirmación provocó una rápida respuesta de Carballo y Rojas, quienes consideraron que tal declaración era una falta de respeto hacia los especialistas extranjeros. «Confirmar aquí que lo que llegan son carniceros es una falta de respeto para los expertos extranjeros», afirmó Carballo, defendiendo así su posición ante el revuelo generado. Rojas, en un tono similar, reafirmó su posición al manifestar: «prefiero que un médico del exterior venga a atenderme y me diga que debo esperar cinco años para recibir tratamiento”, defendiendo la propuesta nuevamente.
A pesar de las intensas discusiones y críticas, el documento finalmente se enviará al Ministerio Público, pero regresará al Comité Económico, lugar donde los Diputados Guillén y Ruiz anunciaron la posibilidad de presentar nuevas propuestas según el Artículo 137 de la legislación vigente. «El frente de propagación lo traerá fatiga», concluyó uno de los legisladores, dejando entrever que la controversia sobre el asunto puede continuar.
Este fue el voto.