El Tribunal Penal de Finanzas ha tomado una decisión contundente en el caso relacionado con la ruta, donde el abogado José Miguel Villalobos actúa como representante legal de ocho acusados. En una reciente sesión del tribunal, las explicaciones que Villalobos ofreció respecto a su responsabilidad en el proceso judicial fueron desestimadas de manera categórica por los jueces.
Villalobos argumentó en varias ocasiones que existe una superposición significativa entre el caso de la ruta y otro procedimiento legal en el que está involucrado, conocido como el caso Fenix. Según su defensa, el manejar estos dos casos simultáneamente ha creado una gran incomodidad y complicación en la administración de su defensa. El abogado señaló que, a pesar de que se había establecido una orden para llevar a cabo las audiencias durante la noche, de 04:00 a 20:00, esta situación no facilitaba el manejo eficiente de ambos juicios. En este contexto, Villalobos planteó que podría necesitar llevar el asunto a la habitación IV del tribunal, lo que se interpretó como una señal de que el proceso lo estaba llevando al límite de sus capacidades.
Sin embargo, el tribunal no aceptó los argumentos del abogado. En una respuesta formal, el tribunal emitió un «abandono del caso», lo que significa que se consideró que Villalobos había desestimado su responsabilidad en la representación de los acusados. Este punto es crítico, ya que el tribunal enfatizó que fue el propio abogado quien había elegido involucrarse en los casos y, por lo tanto, asumía la responsabilidad de gestionarlos.
La posición del tribunal dejó en claro que, desde su perspectiva, había un «claro abandono» de las obligaciones del abogado hacia sus defendidos. En consecuencia, se decidió abrir un proceso que obligaría a Villalobos a designar un nuevo defensor para sus ocho clientes en un plazo no superior a cinco días. Esta medida es fundamental para garantizar que los derechos de los acusados sean resguardados adecuadamente durante el curso del juicio, ya que la falta de representación legal puede comprometer el resultado del proceso judicial.
Si Villalobos no logra nombrar a un nuevo abogado en el tiempo estipulado, el tribunal procederá a asignar un defensor público que se hará cargo de la defensa de los acusados, asegurando así que sus derechos a un juicio justo y a una defensa adecuada no sean vulnerados. La situación resalta los desafíos que enfrenta el sistema judicial y la importancia de que los abogados asuman la responsabilidad de sus compromisos legales de manera seria y efectiva.