En el transcurso de los últimos 15 años, el desarrollo de la energía eólica en Galicia ha estado marcado por numerosos conflictos legales, los cuales han sido impulsados por una fuerte oposición social y ambiental. La situación ha llegado hasta la Corte Suprema de Xustiza de Galicia (TSXG), que ha tomado la decisión de suspender repetidamente varios proyectos eólicos debido a preocupaciones ambientales significativas. Este tipo de litigios ha alcanzado instancias superiores, incluidas decisiones de la Corte Suprema de España, creando un precedente que podría influir en el futuro de la energía renovable en el país.
La sentencia. Recientemente, la Corte Suprema ha validado el procesamiento ambiental de la Xunta de Galicia, lo que ha reactivado un total de 64 proyectos que habían estado bloqueados por cuestiones legales. La sentencia ha reforzado la legitimidad de los acuerdos administrativos, incluyendo iniciativas como los parques eólicos Campelo, localizados en A Coruña. Además, según información obtenida por El Confidencial, el TSXG desestimó la propuesta de que los parques eólicos que comparten infraestructura sean considerados como un único proyecto, lo que simplifica significativamente el proceso de evaluación ambiental.
El origen. El conflicto que ha generado esta situación comenzó con la expansión de parques eólicos de gran envergadura, alcanzando alturas de aproximadamente 200 metros. Según un análisis publicado en El País, tanto comunidades locales como grupos ambientalistas han argumentado que muchos de estos parques eólicos están ubicados en áreas medioambientalmente sensibles, incumpliendo diversas garantías de protección ambiental. Esto resulta en una situación judicial cada vez más compleja, con más de 130 demandas aún pendientes que podrían extenderse hasta finales de 2024.
Un precedente. Como se mencionó en un artículo reciente de El Confidencial, la Corte Suprema de Xustiza de Galicia había pedido que se esperara hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciara sobre un asunto que había sido presentado por la Asociación Ecológica Adega. Sin embargo, dicha solicitud fue desestimada. La Xunta de Galicia, por su parte, ha afirmado que el TSXG es, notablemente, el único tribunal en España que ha puesto en duda la compatibilidad de la Ley 21/2013 con las normativas europeas.
Esta problemática no solo afecta a los proyectos en Galicia, sino que sienta un precedente que podría influir en regiones de otras comunidades autónomas que también requieren evaluaciones ambientales antes de proceder. La Ministra de Economía de Galicia, María Jesús Lorenzana, celebró la decisión de la Corte Suprema, afirmando que ha validado el proceso necesario para los proyectos eólicos, subrayando la vital importancia de contar con fuentes de energía sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.
El efecto. Este conflicto no es un incidente aislado, sino que representa un desafío más amplio en lo que respecta al desarrollo de la energía en España. El precedente creado por el TS ha garantizado algún nivel de continuidad para los proyectos eólicos dentro de la comunidad, pero la oposición de diferentes grupos puede seguir siendo un obstáculo importante. Para poder avanzar hacia una transición energética más sostenible, será crucial encontrar un equilibrio entre los intereses económicos, las necesidades del medio ambiente y las preocupaciones de las comunidades locales.
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