Con Nathalie Versieux, corresponsal de RFI en Berlín
En Alemania, una simple multa de unas pocas decenas de euros puede alcanzar rápidamente varios cientos de euros si no se paga. Una situación que atrapa especialmente a personas sin recursos, inmigrantes indocumentados, personas sin hogar o incluso adictos, que a menudo tienen que lidiar con empresas de recogida privadas. Por eso, al no pagar, miles de estafadores del transporte público acaban tras las rejas cada año.
Una situación que Leonard Ihssen considera absurda. Su asociación, financiada con donaciones, salva la libertad de algunos detenidos pagando sus multas. «Todos los días recibimos cartas y correos electrónicos de presos», explica Leonard Ihssen. «Estos mensajes suelen contarles sobre sus vidas. Cada uno de ellos es un motivo para que podamos continuar con nuestro trabajo». Y añade: «Al comprar vuestra libertad, queremos llamar la atención sobre este problema».
Un alto costo para el Estado
La ministra socialdemócrata de Justicia, Stefanie Hubig, destaca el coste de estas prisiones. A razón de 200 euros por día y por preso, representan una media de 125 millones de euros al año para el Estado, en costes judiciales y penitenciarios.
Los costos son aún mayores cuando se tienen en cuenta las consecuencias sociales del encarcelamiento, como la pérdida de vivienda o empleo y la ruptura de los vínculos familiares. Queda por convencer a la CDU (Unión Demócrata Cristiana) del canciller Friedrich Merz, que por el momento se opone a cualquier reforma de la ley.