Cuarenta y ocho horas y plazo indefinido. Estos son los dos momentos claves que enfrenta el ex magistrado Celso Gamboa en el proceso que podría determinar su ruta hacia una eventual extradición a Estados Unidos.
El primer plazo está vinculado al avance del juicio conocido como “Ropa de bebé”.
Según la normativa, un posible envío fuera del país sólo podrá realizarse una vez agotados los procesos penales pendientes en Costa Rica. En el caso de Gamboa, había cuatro expedientes abiertos. En dos de ellos fue absuelto y en un tercero se le otorgó criterio de oportunidad.
El caso restante analiza posibles irregularidades en un viaje a Panamá realizado con el importador de cemento, Juan Carlos Bolaños.
Este proceso está en suspenso, porque la Fiscalía también pretende aplicar un criterio de oportunidad. Este mecanismo implica la renuncia a un proceso para priorizar otro de mayor gravedad o con posible pena mayor, en este caso vinculado a un posible juicio en Estados Unidos.
La viabilidad de esta solicitud está en discusión, ya que, en términos generales, el criterio de oportunidad debería plantearse en la etapa intermedia del proceso. Esta fase corresponde a la fase previa al juicio, en la que se determina si un caso cuenta con los elementos necesarios para ser juzgado.
Sin embargo, el Ministerio Público promueve una interpretación excepcional. Según su criterio, resoluciones anteriores permitirían solicitar este mecanismo incluso antes de que se abra formalmente el debate.
En este sentido, la fiscalía presentó la solicitud la semana pasada. La defensa de Bolaños y un tercer imputado llamado Rojas pidieron más tiempo para analizar la propuesta y debían presentar su postura este lunes.
Luego de escuchar a todas las partes, el Tribunal Penal Fiscal decidió tomarse dos días adicionales para decidir si se debe otorgar el criterio de oportunidad. La resolución se dará a conocer el miércoles y determinará si Celso Gamboa resuelve sus casos pendientes ante la justicia costarricense.
Mientras el panorama de Celso Gamboa se dirime ante la justicia local, el futuro de la propia extradición también está por cerrarse.
El pasado 8 de octubre se confirmó el envío de Gamboa junto a alias “Pecho de Rata” y un hombre de nombre Álvarez relacionado con el caso Venus. Sin embargo, los abogados cuestionaron la medida y apelaron por motivos como:
- Si la reforma constitucional que hizo posible la extradición de costarricenses puede aplicarse con carácter retroactivo.
- Si los delitos imputados en Estados Unidos tienen equivalentes en el ordenamiento jurídico costarricense.
- Los nacionales que se entregan pueden violar obligaciones internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Este proceso culminó con audiencias a mediados de diciembre. Si bien hay un plazo de dos semanas para resolver y este límite se habría agotado la semana anterior, las distintas partes expresaron su resignación de que el fallo final pueda tardar más.
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Elías Carranza, fiscal, dijo que esperaba un posible retraso por las fiestas navideñas o por la complejidad del expediente.
Ahora la defensa de Celso Gamboa también está viendo estas ampliaciones. Michael Castillo, uno de los codemandados, señaló que hay una prórroga y que esperan una respuesta conforme a derecho, sin presiones mediáticas ni políticas.
Básicamente no existe un plazo definido para ello.
La reforma que abrió las puertas
La extradición de ciudadanos estaba prohibida en Costa Rica desde hacía más de un siglo. El artículo 32 de la Constitución Política estipulaba que ningún costarricense podrá ser extraditado bajo ninguna circunstancia.
Esto cambió el 6 de agosto de 2024, cuando la Asamblea Legislativa en segundo debate aprobó una reforma histórica que permite la entrega de ciudadanos por delitos de narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, trata de personas, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y corrupción transnacional, siempre y cuando exista un tratado vigente con el Estado requirente.
La reforma fue revisada y respaldada por el Sala Constitucionalla cual concluyó que la extradición no viola la nacionalidad per se, sino que es un mecanismo de cooperación internacional en materia penal, siempre que se garanticen el debido proceso y los derechos humanos de la persona requerida.
El cambio constitucional entró en vigor tras su publicación en La Gaceta y su incorporación formal al texto constitucional, abriendo el camino para que Costa Rica responda a solicitudes de Estados Unidos y otras jurisdicciones.