En un operativo interinstitucional realizado en el Gran Área Metropolitana se incautaron 3 mil 236 artículos, entre líquidos para vaporizadores, vaporizadores desechables y dispositivos electrónicos.
Además, la Policía de Control Fiscal incautó 77 productos que contenían THC o tetrahidrocannabinol, principal compuesto psicoactivo de la marihuana.
Las inspecciones fueron realizadas de manera conjunta por el Ministerio de Salud, la Policía de Control Fiscal y la Policía Municipal, con el apoyo de unidades caninas especializadas.
Las acciones se llevaron a cabo en las provincias de San José, Alajuela y Cartago, donde se visitaron 15 establecimientos para asegurar el cumplimiento de la Ley General de Control del Tabaco (N° 9028) y la Ley N° 10066, que regula los dispositivos electrónicos de administración de nicotina.
Durante los operativos también se detectaron productos sin las correspondientes advertencias sanitarias y sin el etiquetado exigido por la normativa.
Llamado de atención por afectación a la salud
El Ministerio de Salud ha llamado la atención de la población en general y en especial de los empresarios sobre la prohibición de la venta de dispositivos electrónicos con nicotina a menores de 18 años, de conformidad con lo establecido en la ley.
También advirtió a madres, padres y cuidadores “sobre la importancia de supervisar a los menores, ya que muchos de estos productos tienen sabores, colores y diseños atractivos, que aumentan el riesgo de consumo por parte de los adolescentes”.
Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre 2021 y 2024, 3.170 personas fueron atendidas con diagnósticos relacionados con el vapeo, de los cuales el 40% correspondió al año 2024.
“Se recuerda a la ciudadanía que el uso de cigarrillos electrónicos, dispositivos de vapeo, tabaco calentado o cualquier otro producto con nicotina representa un riesgo para la salud. Esta sustancia es altamente adictiva y nociva, tanto para adultos como para adolescentes”, señala.
Finalmente, se advierte a las empresas que el incumplimiento de la normativa vigente puede dar lugar a sanciones económicas, entre ellas:
- Multa del 10% del salario base a quienes utilicen dispositivos regulados en lugares prohibidos (escuelas, centros comerciales o lugares de trabajo).
- Sanción del 15% del salario base por incumplimiento del etiquetado sanitario.
- Multa del 50% del salario base a quienes permitan el uso o venta de estos productos a menores de edad.