El presidente interino, José Jerí, anunció la drástica medida el martes en Lima, la capital del país, y en la provincia del Callao. La decisión, que se justifica en el marco de la lucha contra el crimen organizado, entrará en vigor a partir de las 00:00 horas del miércoles y por un plazo de treinta días.
En un breve mensaje difundido por televisión y redes sociales, el presidente interino de Perú, José Jerí, anunció el estado de emergencia por 30 días para combatir la ola de crímenes en la capital Lima y su área metropolitana, así como en la vecina provincia portuaria del Callao.
En un discurso de 50 segundos y sin detallar las medidas que se tomarán bajo el estado de emergencia, Jerí sostuvo que «la delincuencia ha crecido desmedidamente», causando un dolor inmenso a miles de familias y perjudicando la economía nacional.
Frente a esto, el presidente agregó que «hoy empezamos a cambiar la historia» y que «vamos de lo defensivo a lo ofensivo» en la lucha contra el crimen organizado, lo que permitirá a su país «restaurar la paz y la tranquilidad». «Las guerras se ganan con hechos y no con palabras», afirmó Jerí sin profundizar en más detalles.
La decisión ya está considerada desde la toma de posesión de Jerí, quien ascendió a la presidencia de Perú de manera interina el 10 de octubre, luego de que el Congreso destituyera a su predecesora, Dina Boluarte, en un juicio político exprés. Precisamente la falta de respuestas a la crisis de inseguridad fue el motivo que expresaron los legisladores para la vacancia del ahora expreso.
Para aprobar el comunicado, el Consejo de Ministros (PCM) del gobierno peruano celebró más temprano una reunión, como lo esperaba ese organismo en sus redes sociales. «Este decreto, que incluye los aportes e iniciativas de diversas entidades estatales, incluirá un paquete de medidas urgentes encaminadas a enfrentar la delincuencia que afecta gravemente a los peruanos», dijo la PCM, también sin dar detalles.
Esta no es la primera vez que Perú declara el estado de emergencia para abordar la crisis criminal. Si bien el ex presidente Boluarte introdujo la misma medida de 30 días en marzo, analistas y expertos en seguridad dicen que las repetidas declaraciones de emergencia han hecho poco para reducir la delincuencia.
¿Qué medidas puede adoptar el gobierno de Jerí bajo el estado de emergencia?
El estado de emergencia alcanzará a 10 millones de personas que viven en Lima y Callao. Bajo este régimen, el gobierno está facultado para enviar militares a las calles para patrullar y restringir derechos como la libertad de reunión.
«No se descarta el toque de queda (…) ya que la delincuencia» no «respeta la noche», señaló la semana pasada el jefe de Gabinete, Ernesto Álvarez, al anunciar la intención del Gobierno de declarar el estado de emergencia.
Para lograr acuerdos sobre las medidas, Jerí sostuvo reuniones con los alcaldes de Lima Metropolitana y otras autoridades. En un documento firmado el pasado 14 de octubre, los líderes comunitarios propusieron medidas como el «uso obligatorio de camperas naranjas» en el transporte público y vehículos menores, la «circulación de una sola persona» en motocicletas y el fomento de la «entrega de armas ilegales».
Aparte de la creciente preocupación por la ciudadanía y la exigencia de acciones urgentes contra el crimen organizado, los opositores de Jerí temen que el estado de emergencia se utilice como una forma de frenar las protestas que han estallado contra él desde el momento de su toma de posesión.
Estas protestas fueron lideradas en gran medida por la Generación Z, que reúne a jóvenes de entre 18 y 30 años, motivadas por el descontento contra la extorsión y el sicariato, y por la crisis política nacional. En el marco de la represión de las movilizaciones del pasado 15 de octubre, un joven músico fue asesinado por el disparo de un policía, mientras que casi 200 personas resultaron heridas durante las protestas en Lima el mes pasado, entre policías, manifestantes y periodistas.
Investigan nuevo asesinato de artistas en el Callao
La declaración del estado de emergencia se produce dos días después del asesinato del salsero Johan Mora y la bailarina Ariana Cañola en el Callao, una de las zonas alcanzadas por el decreto del presidente José Jerí.
Mora (28) y Cañola (19) se encontraban actuando la madrugada del pasado domingo en el poblado de Colonia Sarita, en el Callao, cuando fueron baleados por desconocidos que se dieron a la fuga.
Este martes, la fiscalía peruana ordenó realizar diligencias urgentes para esclarecer el crimen, el último de al menos tres atentados mortales contra grupos musicales en el país este año, que dejaron tres muertos, y que fueron atribuidos a actividades ilegales de bandas de extorsionadores y sicarios.
El anterior ataque fue contra el conocido grupo de cumbia Agua Marina, que hirió a cuatro de sus integrantes, en el distrito de Chorrillos, al sur de Lima, y que impulsó la presentación de la moción de vacancia contra Dina Boluarte por incapacidad moral para enfrentar la ola de inseguridad que vive el país.
Anteriormente, en abril pasado, el cantante del grupo de cumbia Armonía 10, Paul ‘El Ruso’ Flores, fue asesinado en un ataque a tiros contra el bus del grupo cuando transitaba por Lima.
Con EFE, AFP y Reuters