Casi 1.200 familias en Costa Rica aún no reciben el pago de las licencias de cuidado y fase terminal, subsidio que permite a madres, padres y cuidadores acompañar a personas gravemente enfermas sin perder sus ingresos.
Desde septiembre, las transferencias siguen suspendidas y muchos hogares se han quedado sin dinero para pagar el alquiler, los servicios públicos o comprar alimentos y medicinas.
De acuerdo con la Ley 7756, estas licencias cubren el 100% del salario cuando los ingresos no superen los tres salarios básicos, y el 60% cuando el monto sea mayor.
Además, el beneficio está diseñado para garantizar la atención continua y la estabilidad familiar durante procesos médicos complejos.
«Mi bebé depende de mí las 24 horas del día»
Daniela Galli, vecina de Sabanilla, no recibe el subsidio desde el 5 de septiembre, fecha del último depósito. Su hijo, de sólo un año, nació 27 semanas antes de tiempo y requiere atención constante.
«Mi bebé usa oxígeno, es hipertenso, tiene problemas cardíacos y renales. Tengo que estar con él las 24 horas del día», dijo durante una manifestación este viernes frente a la Casa Presidencial.
También explicó que el dinero suspendido era su único ingreso.
«Con eso pago la casa, las cuentas, compro pañales y leche. Él usa una leche especial que el Fondo no le da y le cuesta ¢14.000 por cada frasco de las cositas. Usa uno cada tres días», dijo.
Asimismo, enfrenta una deuda que ya supera los ¢2 millones. «Tengo pocas tarjetas de crédito y no puedo pedir más. Pero mi hijo no tiene la culpa de esto», añadió.
Con la voz quebrada describió el agotamiento emocional que vive a diario.
«Pienso en lo que vendo para comprarle leche o pañales. A veces espero a que se duerma y me siento y lloro porque no sé qué hacer. Que el presidente le ponga la mano en el corazón», dijo.
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«No es política, es amor»
Desde hace más de 85 días, Ivonne Brenes no recibe el subsidio al que tiene derecho para el cuidado de su hija Mía, quien necesita cuidados diarios debido a una grave enfermedad.
«No hay comida en la casa, no hay electricidad, no hay agua, no hay teléfono en la casa de los cuidadores, dependía del apoyo económico de mi familia. Nos deben más de 85 días», dijo.
Además, denunció que el Gobierno los había dejado sin alternativas.
«El presidente dice que tenemos que ir al IMAS, pero no podemos porque aportamos. Tenemos derecho a esta ley. Son licencias que no pedimos, son licencias que nos dan ellos», agregó.
Brenes alzó la voz en nombre de cientos de cuidadores.
«Soy la voz de Emmanuel, que enterró a su madre en octubre; de Simón, de Jenny en San Carlos, que no tiene comida ni agua. Esto no es política, esto es amor, y ya estamos agotados», dijo con firmeza.
A pesar de que la Sala Constitucional falló a favor de varios casos, los pagos no se reanudaron.
«La gente muere o renuncia a sus licencias porque no aguanta más. Esto no es Ivonne, esto es Costa Rica. Detrás de cada cuidador hay toda una familia», concluyó.
«Nos sentimos burlados»
Por su parte, a Yulai Acuña, residente en Alajuela, se le concedió una licencia extraordinaria luego de su baja por maternidad. Su bebé tiene alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) y depende completamente de la lactancia materna.
“Mi hija solo se alimenta con leche materna, depende 100% de mí, por eso me otorgaron la licencia”, explicó.
Sin embargo, desde septiembre no recibe el pago del subsidio.
«En octubre tuve que volver a trabajar porque no tenía otra opción. No puedes dejar que tus hijos pasen hambre», dijo.
Acuña expresó su decepción por la respuesta del gobierno.
«Nos sentimos completamente burlados. Están utilizando nuestro caso para hacer un espectáculo político. No se le da la urgencia que merece porque no es un asunto administrativo, es de derechos humanos», afirmó.
(Foto Mariana Mena/Observador).
Dinero para vivir con dignidad
Asimismo, los cuidadores recordaron que las licencias no representan un beneficio extra, sino una compensación por un trabajo que realizan a tiempo completo.
«El subsidio nos permite comprar leche, alimentos, suplementos, pagar transporte a citas médicas, terapias y medicamentos que el Fondo no cubre. Nos permite vivir dignamente en medio del dolor que soportamos», explicó Brenes.
Por ahora, la CCSS ha presentado un presupuesto extraordinario de ¢2.700 millones para retomar los pagos y está a la espera de la autorización de la Contraloría General de la República.
Sin embargo, existe incertidumbre sobre si el uso de estos fondos podrá realizarse sin una reforma legal a la Ley 7756, según advirtió el congresista Jonathan Acuña.